Propone Morena modificación constitucional para el derecho a una muerte digna

Benito Juárez

Ciudad de México.- En la sesión ordinaria del pasado martes 29 de septiembre de 2020, los diputados discutieron la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a una muerte digna, propuesta por Ricardo Fuentes Gómez del partido de Morena.

Además de la mencionada reforma, que contempla a eutanasia como mecanismo de desición para una muerte digna, la diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo (PVEM) presentó la iniciativa para reformar la Ley de Salud local, en materia de salud reproductiva y materno-infantil.

El propósito es establecer que el gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Salud, desarrolle e implemente acciones que fomenten, promuevan, ofrezcan e integren los diferentes modelos de atención durante el parto a la que tienen derecho las mujeres.

También, se busca establecer las acciones necesarias para que las mujeres tengan derecho a decidir el modelo de atención al parto que deseen, y de esta manera, fortalecer su derecho al acceso a la salud, a la información y a una vida libre de violencia.

Con relación a las otras iniciativas que se dirigidas al Congreso de la Unión, la legisladora Lizette Clavel Sánchez, sin partido, impulsó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, en materia de teletrabajo, debido a que durante el desarrollo del trabajo en casa durante la emergencia sanitaria se han encontrado elementos que vulneran a la persona trabajadora, como es el que no se respete una jornada específica de trabajo.

El diputado Fernando Abotiz Saro, de la asociación parlamentaria Encuentro Social, propuso una iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el propósito de inhibir la práctica de utilizar información de los consumidores con fines de cobro a través de direcciones electrónicas, teléfonos móviles, o por cualquier medio electrónico.

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El diputado Christian von Roehrich de la Isla, del PAN, presentó una propuesta para reformar el Código Penal federal, en materia de genocidio institucional, con el objetivo de sancionar la conducta de las personas funcionarias encargadas de asignar o ejecutar el presupuesto público, y cuya actuación genere un detrimento a la salud, o se entorpezca un tratamiento médico por acción y omisión.

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